Sobre la cobertura médica: el análisis

España es un país con sistema nacional de salud, a imagen del NHS británico. Así, a diferencia de la creencia generalizada, quien presta el servicio de salud son las Consejerías de Salud y, antes de la transferencia de competencias, el Ministerio de Salud, y no la Seguridad Social. Ésta era la que se encargaba de la prestación antes de la reforma de 1986, cuando pasamos de un sistema de contribuciones -el trabajador paga a la seguridad social y está asegurado, así como su familia. Mientras trabaja lo está como trabajador, y, si no, como parado durante un tiempo. Tras éste, ni idea- a un sistema de protección universal pagado con impuestos generales o especiales, como IVA, IRPF, sociedades, tabaco, alcohol, gasolina, etc.

El sistema es sencillo: el contribuyente paga impuestos y, por ser ciudadano, tiene derecho a atención sanitaria. Si quiere ir por el privado, lo paga aparte, aunque es posible que desgrave o haya desgravado en algún momento -ni idea-. La atención se dice gratuita porque no genera costes marginales al individuo, no porque lo sea en sí. El interesado, como la mayoría de los ciudadanos corrientes -no aquellos no-corrientes, como Bárcenas o Messi- paga sus impuestos y, por lo tanto, se entiende que financia con ello el sistema sanitario. La cobertura tiende al 100% y el ciudadano solo tiene que co-pagar algunos tratamientos que no están cubiertos por la cartera de servicios y los medicamentos.

Quiera el destino o nuestros gobiernos que el organismo encargado de otorgar el derecho a las prestaciones sanitarias sea el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o, en su defecto, el Instituto Social de la Marina, tal como dice el apartado 2 del artículo 3 de la ley 16/2003, de 28 de mayo. Y ahí viene todo el problema, porque, a pesar de quererse un sistema de cobertura universal sufragado con impuestos y no con cotizaciones sociales, el hecho de estar cotizando, sí que cuenta para distinguir entre titulares y beneficiarios. Un doble nivel que, por lo menos, hasta ahora, no tiene implicaciones respecto de protección y acceso a los servicios. ¿Por qué? O mejor, ¿para qué? Las cotizaciones sociales en España sirven para pagar pensiones y no para pagar servicios como el de Salud.

Hasta el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, esta dualidad no presentaba demasiados problemas, salvo quizás la ineficiencia en la gestión, al tener dos organismos competentes, uno para expedir la tarjeta sanitaria y otro para otorgar el derecho a la prestación y las molestias para los usuarios que lo que quieren es una buena y fácil gestión y no recorrerse la ciudad para tener la tarjetita. Junto a este Real Decreto-ley, vienen otros Decretos, como los del Govern balear en los que se limita el acceso a la provisión de salud en varios supuestos y, como suponéis, afectan a los de siempre: los outsiders, a saber, inmigrantes irregulares, jóvenes mayores de 26 años que no coticen (recordemos el paro juvenil del 55%) y estoy seguro que tiene otras implicaciones para mujeres inactivas, etc. Estos podrían acceder a la salud pagando el módico precio de 710 euros.

Para bien o para mal, sigo empadronado en Baleares y, por ello, me veo más afectado que otros ciudadanos de otras comunidades autónomas, ya que la mía ha sido especialmente dura en limitar el acceso a aquellos que no entren en los supuestos del INSS y en invalidar tarjetas sanitarias hasta entonces válidas. Así, la renovación obligatoria de la tarjeta sanitaria por 10,25 euros pretende expulsar del sistema sanitario a aquellos que no tengan derechos y recaudar del resto a través de una tasa, algo manifiestamente contrario a la lógica de una tasa. Bastante relevante es la reciente muerte de Alpha Pam por tuberculosis, un inmigrante irregular que llevaba residiendo 8 años en España, ya que no se le atendió por carecer de tarjeta sanitaria en vigor.

La realidad es clara, el sistema universal de salud no es universal, sino que los individuos tienen que ver  reconocido su derecho para tener acceso completo. Este reconocimiento es dual: o bien titulares, o bien beneficiarios. La distinción suele coincidir entre insiders y outsiders y, por el momento, no tiene implicaciones a la hora de recibir tratamientos médicos. Algunos de los que eran beneficiarios hasta ahora lo han dejado de ser y, por lo tanto han perdido el derecho de acceso al sistema de salud. El ahorro por estas medidas, no está calculado y se estima escaso, además de ser completamente contrario a los Derechos Humanos, en mi caso al Estatut d'Autonomia de les Illes Balears y a la lógica epidemiológica, ya que, al desproteger una parte de la población, aumenta el riesgo para el resto y los costes potenciales en salud. Que no nos engañen, no es la crisis, son las políticas.

Sobre la cobertura médica: los hechos.

El pasado mes de enero volví a Mallorca justo al acabar exámenes. Una de mis tareas, junto a la de descansar un poco, era la de renovar la tarjeta sanitaria, que la tenía caducada desde hacía meses y, consciente de que, con la nueva normativa, sin tarjeta no te atienden, decidí que valía más renovarla, aunque tuviera que pagar 10 euros que seguir yendo con la vieja y esperar que no me pusieran problemas.

Hasta aquí todo normal. Fui al centro de salud a renovarla y me dicen que no puedo, que estoy de titular y que no tengo cobertura -fiesta- y que, como puedo estar de beneficiario, tengo que ir a cambiar mi estatus a la Seguridad Social. Voy y no. Ni una, ni dos, ni tres oficinas. A la cuarta me veo que no me atienden porque tengo que pedir cita previa y hablar con un robot durante media hora para poder tener la cita previa. Obviamente, la primera cita que me dan es para un mes después, cuando yo ya estaré en Bélgica desde hace tiempo. Decido posponerlo y estar, hasta entonces, sin cobertura en España y con la europea en Bélgica.

A finales de mayo, cuando me decidí a venir a casa unos días ahora en junio, decidí volver a llamar al robot y concertar cita con la Seguridad Social. No hubo suerte, el martes 18 era la primera cita y el 17 me iba. -fiesta-. Llamé a otro número y hablé con una persona que me consiguió hacer el trámite y hoy, a las 10.20 he ido a la Seguridad Social. Bastante rápidos. A y 33 salía con todos los papeles hechos y con la mitad de los documentos que había llevado en mi carpeta. No me han pedido casi nada. A mi pregunta qué tengo que llevar al centro de salud para poder hacer la tarjeta, me dicen que basta el DNI, el papel que me han dado y el certificado de empadronamiento, porque tengo derecho a la prestación.

(Y de esa frase se deducen varias cosas, como que los hay que no tienen derecho, como inmigrantes, mayores de 26 que no coticen y cualquier persona que cobre mas de 100.000 euros. La sanidad universal y gratuita ya sabía que había muerto, pero en estos 5 meses de proceso he visto el cadáver.)

De la Seguridad Social voy al centro de salud subiendo Blanquerna en un paseíto. Cojo tíquet, el 73 y me siento. Tras 15 minutos me atienden y me vienen a decir que puedo sacarme la tarjeta sanitaria pero que, en cuanto trabaje de nuevo, no me atenderán con esta y que los 10 euros que haya pagado para tenerla, tendré que volver a pagarlos para renovarla a partir del 27 de julio. Al final, tras mucha discusión, decido sacar el papel, que me da cobertura sanitaria hasta que empiece a trabajar y que es equivalente a la tarjeta hasta que la pague -en dos meses máximo-, sabiendo que en 16 días empiezo a trabajar y eso no me servirá y tendré que hacer el trámite otra vez.

Ya en casa, decido llamar al robot y me da cita para julio cuando yo quiero agosto. Hablo con una señora bastante borde y me dice que no, que las citas de agosto todavía no están abiertas y que llame en quince días, pero que llame a información para preguntar por la cobertura. La señora de información -ahora sí, bastante amable- me dice que tengo que, en cuanto esté de alta como trabajador, que vaya al centro de salud con mi número de la seguridad social y con el DNI para pedir la tarjeta sanitaria como titular y que, en cuanto deje de trabajar, a pesar de quedarme sin cobertura a las equis semanas -ahora leo que son 39 semanas si lo he pedido cuando estaba dado de alta, o sea en abril, y, si no, el INSS no dice nada- podré pedir la cobertura en tanto que persona sin recursos o algo así, al menos hasta los 26.

Esa es la teoría, en la práctica el resumen es claro: tengo cobertura sanitaria de urgencias y médico de cabecera en Mallorca y de urgencias en el resto de España hasta el 1 de julio, que empiezo a trabajar. A partir de entonces, no tengo nada y mi número no vale, porque tendré el de beneficiario. Si me pongo enfermo y no está relacionado con el trabajo, no tengo cobertura -fiesta-, a no ser que una vez dado de alta vaya a cambiarlo -¿cómo? ¿cuándo? ¿tengo que pedir día libre en un trabajo con contrato de duración determinada de un mes para arreglar esto?-, que entonces ya tendré. En Bélgica tengo la europea y el miércoles voy a hacerme de una mutua.