España es un país con sistema nacional de salud, a imagen del NHS británico. Así, a diferencia de la creencia generalizada, quien presta el servicio de salud son las Consejerías de Salud y, antes de la transferencia de competencias, el Ministerio de Salud, y no la Seguridad Social. Ésta era la que se encargaba de la prestación antes de la reforma de 1986, cuando pasamos de un sistema de contribuciones -el trabajador paga a la seguridad social y está asegurado, así como su familia. Mientras trabaja lo está como trabajador, y, si no, como parado durante un tiempo. Tras éste, ni idea- a un sistema de protección universal pagado con impuestos generales o especiales, como IVA, IRPF, sociedades, tabaco, alcohol, gasolina, etc.
El sistema es sencillo: el contribuyente paga impuestos y, por ser ciudadano, tiene derecho a atención sanitaria. Si quiere ir por el privado, lo paga aparte, aunque es posible que desgrave o haya desgravado en algún momento -ni idea-. La atención se dice gratuita porque no genera costes marginales al individuo, no porque lo sea en sí. El interesado, como la mayoría de los ciudadanos corrientes -no aquellos no-corrientes, como Bárcenas o Messi- paga sus impuestos y, por lo tanto, se entiende que financia con ello el sistema sanitario. La cobertura tiende al 100% y el ciudadano solo tiene que co-pagar algunos tratamientos que no están cubiertos por la cartera de servicios y los medicamentos.
Quiera el destino o nuestros gobiernos que el organismo encargado de otorgar el derecho a las prestaciones sanitarias sea el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o, en su defecto, el Instituto Social de la Marina, tal como dice el apartado 2 del artículo 3 de la ley 16/2003, de 28 de mayo. Y ahí viene todo el problema, porque, a pesar de quererse un sistema de cobertura universal sufragado con impuestos y no con cotizaciones sociales, el hecho de estar cotizando, sí que cuenta para distinguir entre titulares y beneficiarios. Un doble nivel que, por lo menos, hasta ahora, no tiene implicaciones respecto de protección y acceso a los servicios. ¿Por qué? O mejor, ¿para qué? Las cotizaciones sociales en España sirven para pagar pensiones y no para pagar servicios como el de Salud.
Hasta el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, esta dualidad no presentaba demasiados problemas, salvo quizás la ineficiencia en la gestión, al tener dos organismos competentes, uno para expedir la tarjeta sanitaria y otro para otorgar el derecho a la prestación y las molestias para los usuarios que lo que quieren es una buena y fácil gestión y no recorrerse la ciudad para tener la tarjetita. Junto a este Real Decreto-ley, vienen otros Decretos, como los del Govern balear en los que se limita el acceso a la provisión de salud en varios supuestos y, como suponéis, afectan a los de siempre: los outsiders, a saber, inmigrantes irregulares, jóvenes mayores de 26 años que no coticen (recordemos el paro juvenil del 55%) y estoy seguro que tiene otras implicaciones para mujeres inactivas, etc. Estos podrían acceder a la salud pagando el módico precio de 710 euros.
Para bien o para mal, sigo empadronado en Baleares y, por ello, me veo más afectado que otros ciudadanos de otras comunidades autónomas, ya que la mía ha sido especialmente dura en limitar el acceso a aquellos que no entren en los supuestos del INSS y en invalidar tarjetas sanitarias hasta entonces válidas. Así, la renovación obligatoria de la tarjeta sanitaria por 10,25 euros pretende expulsar del sistema sanitario a aquellos que no tengan derechos y recaudar del resto a través de una tasa, algo manifiestamente contrario a la lógica de una tasa. Bastante relevante es la reciente muerte de Alpha Pam por tuberculosis, un inmigrante irregular que llevaba residiendo 8 años en España, ya que no se le atendió por carecer de tarjeta sanitaria en vigor.
La realidad es clara, el sistema universal de salud no es universal, sino que los individuos tienen que ver reconocido su derecho para tener acceso completo. Este reconocimiento es dual: o bien titulares, o bien beneficiarios. La distinción suele coincidir entre insiders y outsiders y, por el momento, no tiene implicaciones a la hora de recibir tratamientos médicos. Algunos de los que eran beneficiarios hasta ahora lo han dejado de ser y, por lo tanto han perdido el derecho de acceso al sistema de salud. El ahorro por estas medidas, no está calculado y se estima escaso, además de ser completamente contrario a los Derechos Humanos, en mi caso al Estatut d'Autonomia de les Illes Balears y a la lógica epidemiológica, ya que, al desproteger una parte de la población, aumenta el riesgo para el resto y los costes potenciales en salud. Que no nos engañen, no es la crisis, son las políticas.
No comments:
Post a Comment